El Govern de Armengol impide a 4.000 trabajadores de empresas públicas promocionar en su trabajo

El Govern balear presidido por Francina Armengol impide a 4.000 trabajadores de 30 empresas públicas promocionar en su trabajo al no reconocerles el derecho a la carrera profesional, lo que ha motivado que presenten un escrito de queja al Defensor del Pueblo denunciando la discriminación que sufren y padecen.

En su denuncia los empleados del denominado sector público instrumental (SPI) lamentan que están siendo tratados de forma «injusta y discriminatoria» por el Ejecutivo que preside Armengol junto a los independentistas de Més y Podemos. Afirman que todo el personal que trabaja en la Comunidad Autónoma de Baleares (funcionarios, laborales, interinos del Gobierno balear, ayuntamientos, Consell de Mallorca incluyendo el personal de sus empresas públicas, consorcios y otros entes) tiene reconocido el derecho a la carrera profesional, es decir, a la promoción en el trabajo.

En su instancia al Defensor estos empleados públicos recuerdan que el artículo 35 de la Constitución reconoce «el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Por otro lado, el apartado uno del artículo 37 de este mismo texto y el 82 del Estatuto de los Trabajadores garantizan el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

Según denuncian, ambos derechos están siendo lesionados por el Gobierno de las Islas Baleares, ya que la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Baleares del año 2013, excluye, en su disposición adicional 15, al personal del sector público instrumental de la carrera profesional, sin proponer ninguna alternativa de promoción en el trabajo.

Aunque los afectados se han dirigido en incontables ocasiones al departamento de Función Pública del Govern liderado por la consellera socialista de Presidencia, Mercedes Garrido, solicitando la derogación de la citada disposición y el reconocimiento del derecho al acceso a la carrera profesional, Garrido se lava las manos asegurando que no tiene autoridad para ello, y que correspondería los gerentes de las distintas empresas públicas negociar la promoción laboral de sus trabajadores.

Algo que choca con la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental que, en su disposición adicional 9.3, señala que cualquier procedimiento relativo a la modificación de las condiciones retributivas del personal se ha de ajustar a las normas que contienen las leyes de presupuestos generales anuales del Govern.

«Todos los intentos intentos de negación con los distintos gerentes de las empresas del SPI han fracasado, escudándose en el hecho de que Función Pública no permite aumentos en el capítulo de personal».

Por todo ello, apelan al Defensor «con la esperanza de que se haga eco del problema y de la importancia de que todos los profesionales que trabajan en la comunidad autónoma de Baleares tengan los mismos derechos y se eviten situaciones de desigualdad», como vienen padeciendo estos trabajadores de empresas públicas y entes autonómicos.